Valesca Ricardo

Gehad Madi, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los migrantes, se reunió este viernes con la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortíz, para abordar la crisis migratoria regional y las masivas deportaciones desde Estados Unidos.

Durante la reunión, el Relator Especial y Marín debatieron sobre la situación de los migrantes venezolanos y la crisis humanitaria en el Darién, la peligrosa selva tropical fronteriza entre Panamá y Colombia utilizada sobre todo por migrantes que viajan en dirección a Estados Unidos.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo de Colombia, denunció en un comunicado este viernes casos de maltrato, abuso sexual, requisas indebidas, confiscación de pertenencias y condiciones degradantes en los centros de detención reportados durante las recientes deportaciones.

Según la Defensoría, Colombia sigue siendo el mayor receptor de migrantes venezolanos, con 2.808.165 personas registradas, de las cuales 1.979.452 (70%) poseen un Permiso de Protección Temporal (PPT), que les permite residir en Colombia por un tiempo determinado.

Sin embargo, los venezolanos siguen siendo la nacionalidad más representada entre quienes cruzan el peligroso Darién.

No obstante, Colombia informó una disminución del 30% en los cruces migratorios desde Venezuela hacia Colombia en enero de 2025, mientras que el Servicio Nacional de Migración de Panamá (Senafront) reportó una reducción del 94% en enero de 2025 en comparación con enero de 2024.

Por su parte, Panamá ha restringido las rutas de entrada en el Darién y ha estado devolviendo migrantes desde el año pasado. Además, recientemente emitió un decreto que impone sanciones a quienes ingresen ilegalmente desde Colombia, lo que podría agravar la crisis humanitaria en la frontera.

La Defensoría del Pueblo de Colombia destacó como un riesgo constante la devolución de migrantes por parte de Senafront, lo que ha obligado a las personas a tomar rutas más peligrosas, aumentando el riesgo de violencia sexual y de género.

Asimismo, señaló deficiencias en los mecanismos para verificar la relación de los menores con los adultos acompañantes, lo que incrementa el riesgo de trata y explotación.

Por ello, la entidad propone fortalecer el registro de migrantes, crear canales de denuncia accesibles, socializar rutas de protección y brindar asistencia jurídica y humanitaria.