Valesca Ricardo

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, firmó el pasado lunes una orden ejecutiva que busca negar la ciudadania por derecho de nacimiento no solo a los futuros hijos de inmigrantes indocumentados, sino también a los de madres legalizadas temporalmente en el país, como estudiantes extranjeros o turistas.

En concreto, la orden de Trump, que entrará en vigor el 19 de febrero, excluye a los siguientes grupos de la ciudadanía automática: las personas cuyas madres no estén legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, y las personas cuyas madres estén en el país legalmente pero de forma temporal y cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales.

La orden pretende modificar la interpretación actual de la  14ª enmienda de la Constitución estadounidense que surgió después de la Guerra Civil y que establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres. 

Estados Unidos se encuentra entre el reducido grupo de países que otorgan la ciudadania por derecho de nacimiento («right of the soil») además de Canadá, México, Sudáfrica y la mayoría de América Latina.

Sin embargo, en la mayor parte del mundo, en países de Europa, Asia y Medio Oriente La ciudadanía se concede con base en la nacionalidad o ciudadanía de uno o ambos padres, independientemente de dónde haya nacido el niño («right of blood»), como pretende implementar el jefe de estado.

“Estados Unidos es uno de los únicos países del mundo que dice que incluso si ninguno de los padres es ciudadano o está legalmente en el país, sus futuros hijos son automáticamente ciudadanos en el momento en que los padres entran en nuestro suelo”, afirmó Trump durante un mitin de capańa en Carolina del Norte.

La orden ejecutiva del mandatario estadounidense, firmada a pocas horas de su posesión, argumenta que los hijos de estos no ciudadanos no están «sujetos a la jurisdicción» de los Estados Unidos, por lo que no están amparados por la garantía constitucional de la 14ª Enmienda.

Actualmente, no existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados. Según los datos más recientes del centro de investigación Pew, en 2022 había aproximadamente 1,3 millones de adultos estadounidenses cuyos padres carecían de estatus legal en el país.

El comienzo de una batalla judicial

Con la firma de esta orden, el gobierno del 47º Presidente de Estados Unidos se enfrenta a multiples demandas que no se hicieron esperar por parte de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), otras organizaciones de derechos humanos y 22 estados estadounidenses, que piden al tribunal que declare que la orden es inconstitucional. 

La orden ejecutiva estigmatizará no solo a los niños afectados, sino a muchos otros que «verán su ciudadanía cuestionada por su raza o quiénes son sus padres», afirma un representante de ACLU.

«Estos niños tampoco podrían obtener la identificación requerida y, a medida que crezcan, se les negaría el derecho a votar, formar parte de jurados, desempeñar determinados trabajos y ser miembros de pleno derecho de la sociedad estadounidense, aunque hayan nacido en Estados Unidos y nunca hayan vivido en otro lugar», lamentaron las organizaciones en un comunicado.

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